Roberto Ríos Sanjinés, viceministro de Seguridad Ciudadana, recordó las prácticas de represión que se camuflaban como beneficiosas para la población durante los 11 meses de Gobierno De Facto, y se comprometió, desde la entidad estatal, eliminar las mismas y trabajar por el bien común del pueblo boliviano.

“Durante el Gobierno De facto, la Seguridad Ciudadana ha sido abandonada, nuevamente se ha retomado prácticas como reprensión antes que la prevención, el uso excesivo de la fuerza y en la pandemia se restringió la transitabilidad con multas excesivas; en el departamento de Pando se han decomisado más 850 motocicletas producto de un decreto que impedía transitar vehículos y además de ser decomisados, éramos víctimas de encarcelamiento y multas”, rememoró.

Indicó que, una vez retornó la democracia en el país, y gracias a las gestiones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se condonó toda multa de los dueños de los vehículos que fueron retenidos “injustamente”, logrando entregar 812 vehículos a la fecha.

Para la gestión 2021, el viceministerio se plasmó 11 compromisos, entre los que destaca la implementación del Sistema Nacional de Registro de Brigadistas Escolares de Seguridad Ciudadana; acciones coordinadas en prevención, auxilio y mitigación de incendios en emergencias y/o desastres; coordinación con la Policía Boliviana para la mejora de protocolos de actuación de los servidores públicos policiales en las Estaciones Policiales Integrales (EPI´s).

También se tiene previsto establecer acciones estratégicas y compromisos para la prevención del delito y la violencia, a través de la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana que generará el Plan 2021 – 2025, que deberá ser validado y aprobado, al igual que el Plan de Seguridad Vial.

Será fundamental durante el 2021, fortalecer a la Policía Boliviana con infraestructura y equipamiento, mejorar la capacidad de prevención y respuesta oportuna, promover la implementación de un proyecto para la tecnología preventiva y coordinar con las Gobernaciones y Consejos Departamentales temas de prevención de Trata y Tráfico de Personas, rehabilitando la Línea de emergencia 122 para denuncias de posibles casos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, entre otros.