Viceministerio de Régimen Interior y Policía pretende atender el 80% de los conflictos sociales a nivel nacional

"Debemos recordar que nos encontramos en la obligación de brindar este sustento”

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, participó de la audiencia de rendición pública de cuentas inicial de la gestión 2023 en predios de la Casa Nacional de la Moneda en Potosí. La autoridad hizo conocer una serie de compromisos asumidos por su entidad y destacó el rol mediador del Estado para alcanzar una atención del 80% de los conflictos sociales en toda Bolivia durante la gestión en curso.

“Cuando hablamos de la defensa nacional (…) nos referimos a medidas y previsiones que realiza el Estado y que debemos efectuar todos, porque en definitiva pretende que todos tengamos una vida digna, una vida en paz y una vida en tranquilidad. Por tanto, cuando hablamos de aquello debemos recordar que nos encontramos en la obligación de brindar este sustento”, aseveró Aguilera.

Monitorear y prevenir conflictos en el marco del respeto a los Derechos Humanos utilizando el diálogo como mecanismo de solución fue uno de los compromisos citados. Para ello se pretende ejecutar el 95% del presupuesto asignado y alcanzar un rango del 80% de reportes de conflictos sociales suscitados en todo el territorio nacional. En concordancia, durante las gestiones de 2022 – 2025 se estima realizar 80 desalojos de predios avasallados, demostrando así el cumplimiento de este compromiso.

Así también, fortalecer el registro de tenencia, portación de armas y explosivos con el fin de prevenir su uso indebido e ilícito es otro compromiso del viceministerio de Régimen Interior y Policía. En este sentido, se pretende atender el 60% de solicitudes y trámites administrativos para el funcionamiento del Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil - REAFUC en todo el país.

Otro acuerdo a alcanzar es la gestión y coordinación de acciones para lucha contra la corrupción y el cumplimiento de los Derechos Humanos en las funciones que realizan los servidores públicos policiales. Para ello se prevé llegar al 100% de las investigaciones disciplinarias, desarrollar 15 talleres de socialización de la normativa vigente y 150 actividades operativas en toda Bolivia. A ello se suma también la conformación de una base de datos actualizada y consolidada.