Este martes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en respuesta a la última pregunta de la interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, destacó que el Estado puede restringir la participación en manifestaciones públicas y protestas a las personas que cometan actos de violencia o que porten armas.

El ministro Del Castillo indicó que «como se hace mención de manera atinada en la pregunta, se tiene como parámetro la ‘Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH’, en cuanto a las restricciones de modo, “el derecho de reunión (...) tiene como requisito el de ejercerse de manera pacífica y sin armas”. (...) El Estado puede restringir la participación en manifestaciones públicas y protestas a las personas que cometan actos de violencia o que porten armas».

La autoridad informó que la Comisión reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas -incluidos los manifestantes- y mantener el orden público.

“Bajo estos preceptos, se tiene establecido que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene claros los derechos, pero también los límites de esos derechos asociados a intereses de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás”, señaló.

Posteriormente a la aprehensión de Luis Fernando Camacho, grupos radicales desataron una serie de acciones vandálicas y delincuenciales, entre los más relevantes: toma de dos aeropuertos, agresión a servidores públicos del Aeropuerto Viru Viru por parte del diputado de Creemos, Walthy Mauricio Egüez Paz; saqueo a la casa del ministro Edgar Montaño; destrozos, atentados y quemas en instituciones públicas, dañando 32 inmuebles y el secuestro y tortura al abogado Jorge Tellería, funcionario de Impuestos Nacionales.

“Se puede establecer fehacientemente de que los hechos suscitados lamentablemente en el departamento de Santa Cruz (...) los días posteriores a la aprehensión del señor Luis Fernando Camacho Vaca no fueron en ejercicio al derecho a la protesta (...), ya que estos hechos fueron notoriamente atentatorios contra la integridad física de las personas, contra la propiedad pública y privada e incluso intentaron quitarles la vida, no solo buscaron, sino que lo lograron”, afirmó el ministro de Gobierno.