En rueda de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, expuso de forma detallada la cooperación prestada por el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno para efectuar acciones represivas contra el pueblo boliviano tras el Golpe de Estado de noviembre de 2019. Develó en su disertación toda la logística realizada por el Gobierno de Facto para adquirir agentes químicos y proyectiles del Ecuador, material con el que reprimieron premeditadamente, desarrollando masacres con muertos y heridos.

“Estamos aquí para mostrar al pueblo boliviano que no solo fue un Golpe de Estado lo que sucedió en nuestro país, sino también que en este golpe participaron gobiernos de otros países, otorgando granadas y proyectiles al gobierno de Añez para consumar el Golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano”, afirmó la autoridad.

El ministro narró a través de una línea de tiempo como la administración de Añez adquirió un conjunto de material anti disturbio por parte del gobierno del Ecuador.

Una vez consolidado el Golpe de Estado el 12 de noviembre de 2019, la presidenta autonombrada se hizo del poder violentando la Constitución y los reglamentos internos de la Asamblea Legislativa. Dos días después se efectúa una reunión de gabinete donde se promulga el Decreto Supremo 4078, el que eximía de responsabilidad penal a las FFAA a momento de instituir el orden público. Es en esa reunión es donde la presidenta de facto, junto a sus ministros y altos jefes militares y policiales deciden adquirir el material con el que reprimirían premeditadamente a la población.

“En este gabinete el gobierno de Añez decidió adquirir proyectiles y granadas del Ecuador para reprimir al pueblo boliviano en base al principio de la cooperación regional para represión”, afirmó el titular de Gobierno a tiempo de calificar a esa reunión como el “Gabinete de la Muerte”.

Posteriormente el 15 de noviembre de 2019 se materializa la masacre de Sacaba en Cochabamba. En día es que el Gobierno de Facto solicita al Ecuador el permiso para sobrevolar una aeronave Hércules C130 y el agregado militar de Bolivia en Ecuador, José Luis Frías Cordero, se comunica con comandante del Ejército, Gral. Inchauste, disponiendo que la aeronave partiera al Ecuador para trasladar proyectiles y granadas.

Al día siguiente, el 16 de noviembre, parte el avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo. Ese mismo día Sergio Méndez, ex jefe de gabinete de Arturo Murillo, se comunica con Bryan Berkman, diciéndole que la adquisición de los gases se puede hacer a través de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS).

“Es decir, que mientras se adquirían en calidad de préstamos granadas y proyectiles para reprimir al pueblo, ya estaban elaborando el plan con el que robarían al país sus recursos mediante la empresa BTS”, denunció Del Castillo ante la prensa.

Según las declaraciones Frías, fue el Gral. de la Policía Ecuatoriana, Fernando correa Delgadillo, quien personalmente embarcó las armas con destino a Bolivia. Según informes el entonces ministro de Defensa, Fernando López, tenía pleno conocimiento de todo lo sucedido con el traslado de los agentes químicos, se sabe que acorde la ley 400 todo tránsito de armas requiere de la autorización del titular de Defensa.

El martes 19 de noviembre de 2019 se perpetuó la masacre de Senkata en la ciudad de El Alto, donde resultaron heridas cientos de personas y hubo varios fallecidos. En este suceso es que se utilizaron los agentes químicos adquiridos por el Gobierno de Facto por parte del Ecuador.

Luego el 26 de noviembre, Sergio Zamora, quien fungía como director administrativo del ministerio de Gobierno, envió una nota a la empresa Cóndor afirmando que la compra de los agentes químicos se realizaría mediante BTS.

El ministro dio a conocer algunos detalles sobre la compra del material antidisturbios. El 15 de noviembre el ex ministro Fernando López instruyó a su ayudante, Cnl. Héctor Pérez, y al jefe del Departamento de Armamento de la Policía Boliviana, My. Williams Fernández, recoger los agentes químicos para las unidades operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía, el material fue distribuido equitativamente.

Resaltó que acorde a publicaciones en medios de comunicación locales, se sabía que el precio de una granada de gas en el Ecuador valía 12 dólares aproximadamente y en Bolivia se las obtuvieron en 37 dólares promedio. “No solo se prestaron granadas y proyectiles de un país vecino para reprimir al pueblo boliviano, sino que, al momento de devolverles el material, lo adquirieron con sobreprecio de la misma empresa. La empresa Cóndor”, denunció Del Castillo.

Posteriormente, el 16 de diciembre, el agregado de defensa de Bolivia en el Ecuador solicitó a la policía ecuatoriana explicar cuál debía ser el proceso para que Bolivia devuelva las granadas y proyectiles a ese país. El agregado militar envió un informe de López detallando todo el procedimiento a seguir para la devolución. El 27 de mayo de 2020, el comandante de la Policía ecuatoriana solicitó formalmente que se devuelvan el material represivo.

Finalmente, el ministro de Gobierno hizo una analogía histórica de los vínculos de represión que tenían las dictaduras militares en la década de los años setenta, el denominado Plan Cóndor. Del Castillo aseveró que la colaboración del gobierno de Lenín Moreno para fines represivos evidencia un Plan Cóndor 2.0, un plan de “Cooperación Regional para la Represión”, tal como aconteció en esas épocas.